El Comercio conversó con tres expertos sobre la violenta manifestación del fin de semana en Iquique en contra de los migrantes venezolanos, una comunidad a la que se le está responsabilizando por el aumento en las tasas de homicidios y robos.
Miles de personas salieron a las calles de la región Tarapacá, ubicada al norte de Chile y limítrofe con el Perú, para manifestarse en contra del aumento de la delincuencia, un fenómeno que la mayoría de los participantes asociaba directamente con la crisis migratoria que aqueja a la zona desde hace varios meses. La ciudad de Iquique fue uno de los centros de la manifestación.
Durante la protesta, que en ciudades como Iquique llegó a congregar a unas 6 mil personas según medios chilenos, se escucharon consignas en contra de los migrantes, especialmente dirigidas a los provenientes de Venezuela, además de la destrucción de campamentos de migrantes instalados en la vía pública ante la inacción policial.
En línea con la protesta, este lunes se realizó un paro laboral en Iquique, donde se registró el cierre de comercios, del puerto, del aeropuerto y una huelga de camioneros, quienes también bloquearon las principales vías de entrada y salida de la ciudad.
El detonante de esta ola de indignación ciudadana fue la agresión sufrida por dos agentes de Carabineros a manos de cuatro ciudadanos venezolanos durante un control policial realizado el martes 25 de enero. El Gobierno anunció al día siguiente que los extranjeros serían deportados del país.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se registran este tipo de manifestaciones en Iquique. En septiembre pasado, la ciudad fronteriza vivió una jornada similar en rechazo a la ola de migrantes que ingresaron al país por pasos irregulares y ante la cual el saliente gobierno de Sebastián Piñera prometió construir albergues especiales, luego de que pasaran varios días viviendo en parques y plazas.
El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, denunció ante la prensa que tanto la manifestación del domingo como el paro laboral del lunes son, nuevamente, responsabilidad del gobierno central y la inacción de Piñera ante la innegable crisis desatada al norte del país.
“El decreto de cierre de fronteras es un papel sin sentido (dictado durante la pandemia de COVID-19), la seguridad del país va a ser un problema para todo Chile. El gobierno tiene que ponerle la atención debida”, señaló Soria durante una entrevista con radio ADN.
Cabe resaltar que en septiembre del 2021, Soria presentó un recurso judicial contra Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el canciller Andrés Allamand para solucionar lo que denominó como “descontrol fronterizo”.
El ministro del Interior anunció que “vamos a seguir con las expulsiones, vamos a seguir trabajando con las policías y vamos a seguir reforzando la frontera, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de Migraciones”, según recoge CNN Chile.
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Lamentablemente,los ciudadanos de cualquier país del mundo, poseen conductas disimiles y aunque la mayoría son trabajadores, honestos y emprendedores, siempre habrá una minoría, mala conducta, delincuentes que deja en mal nombre el gentilicio de un país. Esto pasa con todas las nacionalidades,del continente qué sea,podría señalar nacionalidades europeas mal vistas y con muy mala fama, Europeas, Americanas Africanas etc.y aquéllos ciudadanos provenientes de éstos países,generalmente, en mala situación política, económica y social a hacer estigmatizados y juzgados como delincuentes, pasa esto con los " venezolanos". No voy a defender a mis compatriotas, pero así como pueden haber venezolanos delincuentes, los cuáles no conozco ninguno, porque no ando en ese mundo, si se de muchos, a los cuáles si conozco, que son personas, honestas. Trabajadoras, emprendedoras, y son mis amigos, familiares, queridos, exalumnos, hijos e hijas. de amigos, personas qué al integrarse a cualquier país van, con toda seguridad a ayudar al crecimiento económico, social de esa nación. Es cosa de estudiar, la inmigración y ser selectivos, el gobierno venezolano, no puede ser irresponsable y permitir, por ejemplo, que salgan del país, miembros de bandas delictivas, cómo, la del Tren de Arabia, ligada al gobierno, porqué llegan con la idea de controlar fronteras y vivir de explorar la inmigración, y el país anfitrión debe ser justo, en las políticas migratorias y tratar de evaluar a los inmigrantes, por su decisión de trabajar y no por su capacidad económica, porqué obliga a las personas a mentir. no debe perseguir, pero tampoco blandengue, el qué cometa delito que pague y sea expulsado. Así debería ser
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